Enviado por Bergarako Udala en Mar, 2026-11-03 10:24
Con Bergara ya son 21 los municipios tensionados en Euskadi, tras incorporarse Sopela y Urduliz a la lista este mismo martes. Representan más del 55 % de la población vasca: 1.198.000 personas.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prevé que se pueden movilizar 1.123 viviendas nuevas, de las cuales 291 serán VPO y 448 tasadas, con prioridad para el alquiler. El plan prevé movilizar 790 viviendas vacías y aprovechar lonjas, caseríos y viviendas de gran tamaño para generar nueva oferta.
Bergara ha sido designada zona de mercado residencial tensionado. El objetivo es mejorar el acceso a la vivienda y dar respuesta a las dificultades de la ciudadanía del municipio, sobre todo de quienes buscan una vivienda de alquiler. El plan de acción vinculado a la designación establece medidas para el periodo 2026-2028 con el fin de limitar los precios del alquiler, aumentar la oferta disponible, movilizar viviendas vacías, impulsar la rehabilitación y mejorar la coordinación entre instituciones.
En este contexto, el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, se reunió la semana pasada con el alcalde, Gorka Artola, y el concejal de Urbanismo, Markel Azkargorta, para analizar la situación de la vivienda en el municipio y las medidas recogidas en el plan. Además, visitaron varios terrenos en los que se pretende construir viviendas protegidas. Así, han concretado la posibilidad de ceder y ejecutar próximamente la parcela municipal A17.1 (Artzamendi), con capacidad para 20 VPO. También se han valorado las posibilidades de las zonas en torno al nuevo edificio del instituto Miguel Altuna, así como las de Urteaga y la zona de la antigua Algodonera, respectivamente.
En la actualidad, el precio medio del alquiler en Bergara ha aumentado un 21,5 % en los últimos cinco años, y hay 470 expedientes activos en Etxebide, de los cuales el 86,6 % corresponden a personas que solicitan una vivienda de alquiler. El 77,5 % de las personas inscritas tiene ingresos bajos o medio-bajos, y el 26,8 % tiene menos de 36 años. A este elevado número de solicitudes se suma el reducido parque de vivienda protegida y pública, que supone el 6,4 % del total. Como consecuencia, la necesidad de ampliar las opciones residenciales disponibles es mayor.
Artola, por su parte, ha subrayado que acceder a una vivienda digna es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y una prioridad para el Ayuntamiento. «Tenemos que trabajar para que quienes quieran desarrollar su proyecto de vida en Bergara tengan posibilidades reales de acceder a una vivienda a un precio asequible. Para ello, es imprescindible la colaboración entre las distintas administraciones y una planificación que dé respuestas concretas a las necesidades actuales, sobre todo a los jóvenes y a las familias con mayores dificultades para acceder al alquiler», ha manifestado el alcalde.
Priorizar la vivienda protegida y el alquiler en los desarrollos futuros
El documento no propone realizar a corto plazo una nueva expansión residencial; en cambio, propone aprovechar mejor las posibilidades existentes para aumentar la oferta pública y protegida y reforzar la colaboración entre administraciones. Para ello, prevé alcanzar acuerdos con el Gobierno Vasco y con Visesa, sobre todo en terrenos de titularidad pública; además, estudia fórmulas de colaboración que permitan ejecutar las necesidades de suelo y las actuaciones. «La designación de zona tensionada nos da herramientas, pero lo importante es utilizarlas dentro de una estrategia realista, coordinada y ejecutable», ha manifestado De los Toyos. El viceconsejero ha defendido que las actuaciones deben combinar planificación, disponibilidad de suelo y colaboración entre instituciones, con objetivos adaptados a los plazos y posibilidades de cada proyecto.
Movilizar las viviendas vacías y aprovechar mejor el parque existente
En Bergara hay actualmente 62 viviendas en el programa Bizigune. Para atraer más viviendas, la propuesta del plan es mantener los incentivos vinculados al programa y estudiar medidas fiscales relacionadas con las viviendas vacías. Entre ellas, se contempla estudiar la posibilidad de subir el recargo del IBI aplicado a las viviendas que no son residencia habitual (actualmente en el 50 %) hasta la cantidad máxima que permite la normativa. La rehabilitación es otra línea de actuación. El documento propone identificar las necesidades del parque residencial, mejorar la accesibilidad y la eficiencia de los edificios, y dar prioridad a las situaciones que requieren intervención, como las condiciones de habitabilidad, las personas mayores o las viviendas vacías.
Artola ha destacado la importancia de abordar la problemática de la vivienda conociendo la realidad local y las necesidades de la ciudadanía. «Hay que seguir [trabajando] para saber cuál es la situación de las viviendas que hoy no se utilizan e identificar qué medidas pueden facilitar su entrada en el mercado del alquiler». Ha añadido que «nuestro objetivo es que cada vez más personas encuentren en Bergara una vivienda adecuada y asequible, y para ello es fundamental unir esfuerzos y aprovechar todas las herramientas disponibles».
Crear nuevas oportunidades sin ocupar más suelo
El plan propone, además, aprovechar mejor los espacios ya construidos para ampliar la oferta residencial, sin depender de nuevos desarrollos urbanísticos. Entre las opciones que plantea figuran, en condiciones reguladas, facilitar la conversión de locales en viviendas, estudiar la división de determinados caseríos —cuando sea compatible con la actividad agraria— y permitir la segregación de viviendas de gran tamaño.
Como consecuencia de estas medidas, es necesario revisar las ordenanzas y los procedimientos municipales, analizar las características de cada vivienda y garantizar que las nuevas viviendas cumplen las condiciones de habitabilidad y se integran adecuadamente en el entorno urbano. El documento propone actualizar la normativa sobre locales, simplificar los trámites e identificar espacios que podrían añadirse al uso residencial.
Responder a la demanda y coordinar a las instituciones
El plan recoge también medidas para mejorar la atención a las personas que necesitan una vivienda. En 2024, el 51,32 % del gasto del ayuntamiento en ayudas de emergencia social se destinó al alquiler: 149.300 euros. El documento propone adaptar la gestión de estas ayudas al nuevo sistema de prestación de vivienda, reforzar la coordinación con Etxebide e informar y asistir a la ciudadanía en la tramitación de las ayudas disponibles.
Asimismo, propone afrontar las dificultades que surgen cuando los recursos residenciales de emergencia prolongan su ocupación porque no existe una alternativa residencial disponible. El objetivo es mejorar la coordinación entre los servicios sociales y las políticas de vivienda para dar respuestas adecuadas a cada situación. El plan de acción tiene cuatro ejes: ampliar y movilizar la oferta residencial; rehabilitar y aprovechar el parque existente; atender la demanda y las situaciones de vulnerabilidad; y la coordinación y el seguimiento entre instituciones. Su calendario abarca el periodo 2026-2028 e incluye las actuaciones prioritarias relacionadas con las viviendas vacías, Bizigune, la rehabilitación, la respuesta a la demanda y la gobernanza del plan. La Mesa de Vivienda tendrá un papel principal a la hora de coordinar la información sobre las necesidades residenciales del municipio, hacer el seguimiento de las medidas y actualizarlas.
